Maritza Tapia se aguantó durante cuatro días  el dolor de la cesárea y expuso hasta su vida, al acudir a suplicar afuera de una clínica privada para que le permitan ver a sus hijos y darles de lactar.

La mujer de 34 años, junto a su esposo, Javier Chiza, se movilizaba desde el sur de Ambato, provincia de Tungurahua, hasta la casa de salud donde estaban sus bebés a los que no había podido llevarse luego de parirlos, porque para hacerlo le habrían pedido que cancele la deuda de 5.500 dólares que se facturó por el parto por cesárea.

El viernes 5 de junio de 2020, Taía había acudido a la clínica con los dolores de parto. LLegó junto a su marido, con quien se dedica a la textilería. Aseguraron que no buscaron al Hospital Regional porque está colapsado con los casos de la Covid-19.

La mujer reconoció que recibió una buena atención, ya que su parto fue complicado y alumbró gemelos mediante cesárea. Incluso colocaron en termocunas a sus niños que nacieron a las 34 semanas.

Una alta cuenta por pagar

Pero la sorpresa la tuvieron cuando se acercaron a preguntar por los valores y les dijeron que solo de la cesárea eran 860 dólares, aparte debían pagar 300 dólares diarios por la estadía de la madre y los gemelos. A eso sumaban medicamentos. En total, la deuda se les hizo de $ 6.360.

“Prácticamente retuvieron a mis hijos durante cuatro días. El viernes 12 le dieron el alta, pero como no teníamos todo el dinero para cancelar en efectivo no me los dejaron llevar a casa. Hablé con el director de la clínica y le dije que tenía 2.700 dólares en efectivo y que me espere un tiempo para pagar el resto, incluso le daba las escrituras de mi casa y mi camioneta que está nueva; pero no aceptó. Solo quería el efectivo. No tuve más opción que buscar un abogado y denunciar este abuso”, expresó el esposo de Tapia.

Pagarán la deuda en tres meses

Franklin Guamán, abogado de la pareja, resumió que tuvo que ir a la Defensoría, Comité de Operaciones Emergentes (COE) provincial y ayer con la denuncia en Fiscalía lograron llegar a un acuerdo con los encargados de la clínica para lograr retirar a los niños. “Hubo una retención de los menores y eso es penado por la ley. Fiscalía deberá seguir el proceso”, dijo Guamán.

El acuerdo fue el pago de 5.500 dólares, aparte de los 860 que ya cancelaron por la cesárea. El valor se pagará en tres meses.

El abogado de la clínica, José Luis López, aseguró que todo fue un mal entendido. “Debían hacer el pago una vez que se les dio el alta a los niños. Se aceptó una letra de cambio como garantía en plazo de tres meses. Los niños en ningún momento estuvieron retenidos. El parto fue muy delicado y ellos estaban recibiendo atención médica”, agregó.

A las 14:00 del 15 de junio de 2020, Maritza pudo abrazar libremente a sus niños y llevarlos a casa, después de cuatro días de súplicas.